Codigos éticos ambientales


Códigos Éticos Ambientales

Actuar con responsabilidad y respeto hacia el entorno debe ser la constante, la regla, lo principal. En sociedad ahora más que nunca la dimensión ética humana y la preocupación por atender los grandes problemas relaticos al medio ambiente está de manifiesta por ello se han creado código éticos ambientales. Si reflexionamos el concepto unitario de que la tierra es solo una, debemos entender que debemos tener responsabilidad, cuidarla y protegerla por salud de la propia tierra, y por otro por seguridad nuestra, ya que los problemas ambientales del mundo cada vez se globalizan más, es decir uno repercuten en otros aunque se susciten en países o regiones diferentes. Por todo ello, hoy más que nunca es necesario generar una educación ecológica, una educación ambiental que siente las bases para una nueva cultura de presentación y respeto por la naturaleza y el medio ambiente
Por código se entiende cuerpo o conjunto de leyes, normas o reglas aplicadas de manera sistemática, entonces los códigos éticos ambientales son aquellas normas que son aplicadas en materia ambiental. La ética ambiental se conforma de diversas disposiciones axiológicas, que se declaran en diversos documentos legales, sociológicos, ecológicos, etc. Algunos de estos artículos se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en l Carta de la Tierra. Todo esto se hace con el motivo de dar a conocer que el ambiente, la naturaleza y lo ecológico debe tratarse como si fuera una persona. Esto no quiere decir que se castigue igual a quien priva la vida de una persona como quien priva la vida de un árbol o animal, efectivamente, pero desde el punto de vista ético, la privación de un animal o vegetal, como parte de un todo que es la Tierra, puede sancionarse o señalarse igualmente como una conducta inmoral que atenta contra la vida, hay que dejar claro que quien priva la vida a alguien no es castigado por una conducta.

Protocolo de Montreal

Tratado internacional que se preocupa por las sustancias que afectan la capa de ozono, tratando de reducir la producción y consumo de sustancias que afecten la capa de ozono. El acuerdo se negoció en 1987 y entró en vigor el 1ero de enero 1989. Se cree que si todos los países cumplen con el tratado, la capa de ozono podría haberse recuperado para el año 2050.

Términos y propósitos
Su enfoque es la eliminación de emisiones mundiales que agotan el ozono, éstas son aquéllas que contienen (poAO) cloro y bromo.
La eliminación de los hidrocloroflurocarbonos (HCFCs) que son menos activos –dio inicio en 1996 y continuará hasta su eliminación completa en el 2030.
Ratificación
195 de los 196 estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado el Protocolo de Montreal. El único que no se ha unido es Timor Leste. Una cantidad menor de países ha ratificado las enmiendas; solo 154 países han ratificado la Enmienda de Beijing.
Impacto
Desde que el protocolo entró en efecto, las concentraciones atmosféricas de los cloroflurocarbonos más importantes y loe hidrocarburos clorinados se han logrado estabilizar o reducir. Sin embargo la tasa de aumento ha disminuido, y se espera que comience a declinar en el 2020. El Protocolo de Montreal ha sido considerado el acuerdo ambiental más exitoso del mundo hasta la fecha.
Protocolo de Cartagena
Entró en vigor el 11 de septiembre de 2003. Es el primer acuerdo internacional que establece la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados a través de la biotecnología moderna (regula los riesgos que implican los organismos transgénicos).
La finalidad es descartar potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el régimen de bioseguridad nacional. 
México forma parte de éste protocolo, junto con 151 países, con el objetivo de regular el movimiento transfronterizo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Desafortunadamente, no ha habido gran avance en lo que a esto concierne.
Protocolo de Cartagena: consiste en los avances de la tecnología y la ciencia, su uso en los seres vivos, Biotecnología. Defiende la salud de los seres humanos y de todos los organismos que sean capaces de transferir material genético, la biodiversidad ecológica, es decir, animales.
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Habiéndose reunido en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,
Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972a, y tratando de basarse en ella,
Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas,
Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial,
Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar,
Proclama que:
PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonia con la naturaleza.
PRINCIPIO 2
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites de la jurisdicción nacional.
PRINCIPIO 3
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
PRINCIPIO 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
PRINCIPIO 5
Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.
PRINCIPIO 6
Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.
PRINCIPIO 7
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen.
PRINCIPIO 8
Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.
PRINCIPIO 9
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras.
PRINCIPIO 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
PRINCIPIO 11
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.
PRINCIPIO 12
Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional.
PRINCIPIO 13
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y mas decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.
PRINCIPIO 14
Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.
PRINCIPIO 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razon para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
PRINCIPIO 16
Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.
PRINCIPIO 17
Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.
PRINCIPIO 18
Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.
PRINCIPIO 19
Los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe.
PRINCIPIO 20
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible.
PRINCIPIO 21
Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y asegurar un mejor futuro para todos.
PRINCIPIO 22
Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.
PRINCIPIO 23
Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.
PRINCIPIO 24
La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.
PRINCIPIO 25
La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.
PRINCIPIO 26
Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus controversias sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.
PRINCIPIO 27
Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible.
La carta de la tierra y otros códigos éticos mundiales.

Es el documento más importante que se ha escrito para los principios de la ética global, nace debido a la agresión al planeta, varios grupos comenzaron a organizarse para elaborarla. Y después de varios intentos se consolida el texto final en Marzo de 2000, en esta intervinieron personalidades de todo el mundo.
El estudio de “la carta de la tierra” consistió en los siguientes puntos: o Se reconoce la diversidad cultural y formas de vida, sin embargo somos habitantes de un mismo territorio, somos una familia.
El propósito de la unión es crear una sociedad sostenible, con bases en el respeto a la naturaleza y los derechos humanos, a la justicia económica y la paz.
·         Recuperar la biosfera, los sistemas ecológicos y las diversas especies vivas.
·         Responsabilidad universal, hacer cambios en nuestros valores y formas de vida.
·         El documento se divide en 4 principios y 16 apartados:
1. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida.
2. Integridad Ecológica.
3. Justicia Social y Económica.
4. Democracia, No violencia y Paz.
Los apartados de la “Carta de la Tierra”, son 16:
1. Respetar la Tierra y la vida en su diversidad.
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, amor y pasión.
3. Construir sociedades democráticas.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.
5. Proteger y Restaurar la integrad de los sistemas ecológicos.
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental.
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la aplicación del conocimiento adquirido.
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible.
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisito para el desarrollo sostenible.
12. Defender el derecho de todos. Sin discriminación a un entorno natural y social.
13. Fortalecer las instituciones democráticas.
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje las habilidades, conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.
15. Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración.
16. Promover una cultura de Tolerancia, No violencia y Paz.
(Carta de la Tierra, 2000).
Para poner en práctica los principios y capítulos expuestos en “La Carta de la Tierra”, se requiere de un compromiso de todos los habitantes del mundo.
Organizaciones ambientalistas de la sociedad civil.
Existen organizaciones y sociedades encargadas de defender y proteger la naturaleza, aquí entra la Ética ecológica que busca orientar a nuestras acciones a favor del medio ambiente. Esta ética debe ser parte de una conciencia política de los ciudadanos, quienes se han inclinado por la democracia, la democracia desde una perspectiva más amplia. Dentro de los objetivos generales de los movimientos y organizaciones sociales ecologistas están:
·         Denunciar los problemas que afectan el medio ambiente, buscar y proponer diversas alternativas para restablecer y mantener el equilibrio de los ecosistemas.
·         Mantener una crítica constante al sistema capitalista actual, donde se defiendan las riquezas naturales y se promueva el desarrollo igualitario para la sociedad.
·         Proponer cambios significativos en la gestión política buscando orientar la economía hacia el respeto por el medio ambiente.
·         Promover por todos los medios una reflexión crítica, a favor de una conciencia ecológica ciudadana.
El sociólogo español Manuel Castells clasifica los movimientos sociales por sus objetivos y modos de acción, estos son los siguientes:
Movimientos comunitarios o locales: son los que se pueden resolver parcial o totalmente, responden a situaciones concretas, su objetivo es luchar contra empresas privadas o públicas que contaminen directamente la comunidad y/o la salud, su calidad de vida en general.
Movimientos nacionales o internacionales: Se les conoce como “conversacioncitas”, luchan por la preservación de zonas naturales, es permanente.
Movimientos globalizadores internacionales: Luchan contra las grandes empresas o corporaciones que causen daños ambientales y que ponen en peligro la flora y fauna en cualquier lugar del planeta, estas organizaciones promueven la conciencia a una cultura sustentable en beneficio de todos los habitantes del planeta.
Movimientos Radicales nacionales o internacionales: también se les llama activistas, por su constante actividad de crítica de la sociedad global o del consumismo, ya que este sistema prometía mejorar el bienestar, y en el transcurso del tiempo ha provocado el efecto contrario, daños a la ecología y más pobreza.
Movimiento de partido o partidarios: Luchan por incorporar reformas a favor de la conservación y protección ambiental y desarrollo sustentable. Entre los movimientos más importantes están el
Partido Verde Británico, el Partido Verde de Suecia y el Partido Verde Alemán. Existen otras como el de Sierra Club, de Estados Unidos que es apoyado por ciudadanos y algunas grandes empresas para darse la tarea de apoyar y desarrollar programas en áreas naturales protegidas. Con estas organizaciones se alían los defensores de los derechos humanos.
Existe otro movimiento internacional globalizado, una Organización No Gubernamental, conocida como “Greenpeace”, (Paz Verde), se fundó en Vancouver en 1971, su primera lucha fue la protesta contra las pruebas nucleares en Alaska y Francia, además de denuncias y protestas en contra de la caza de ballenas y matanzas de focas, en el caso de México ha denunciado irregularidades en la planta de energía nuclear de Laguna Verde en Veracruz, así como la destrucción de arrecifes de coral en el Caribe.
Estas organizaciones se encargan de vigilar loa acuerdos internacionales en especial los centrales de la Carta de la Tierra, así como de impulsar todo tipo de proyectos sustentables.
Estrategias para revertir los efectos
La expansión demográfica y las actividades productivas que la sustentan han demostrado su incapacidad para integrarse, con el mismo nivel de equilibrio, al conjunto de elementos que mantienen la flora y la fauna en la Tierra. Ya se han generado serias modificaciones en la biosfera, que implican riesgos a la vida misma. En escala mundial, los peligros son múltiples y corresponden también a varias causas que hay que combatir.
Nuestro país no es ajeno a esta situación, sus ecosistemas sufren graves deterioros y la calidad del medio ambiente en los centros urbanos ha disminuido. Por fortuna, la dinámica que impulsó espectacularmente la producción también proporcionó instrumentos poderosos, para elevar el bienestar de la sociedad.
Ha llegado el momento de impulsar una nueva era de crecimiento económico, que se fundamente en principios que sostengan y amplíen nuestra base de recursos naturales; hay que emprender una decisiva acción política que administre los recursos del medio natural, de modo que se asegure un progreso perdurable. No se trata solamente de limpiar el aire de una ciudad o de restaurar algunas cuencas hidrológicas, sino también y sobre todo de encontrar una forma de desarrollo que permita ofrecer a los mexicanos más bienes y servicios, sin afectar los procesos que dotaron a la nación de un rico patrimonio natural.

La magnitud de este reto nos obliga a emprender acciones enérgicas para racionalizar la explotación de recursos, para canalizar las inversiones y orientar nuestro progreso económico hacia un desarrollo perdurable. Hay que cuidar nuestros recursos, procurando el beneficio de las generaciones presentes y las del futuro.
El Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente constituye una respuesta a las inquietudes de diversos sectores de la población, así como al diagnóstico que se ha realizado sobre la situación que guarda el medio circundante.
El Programa recoge los principales planteamientos formulados durante las reuniones nacionales, para revisar los fenómenos de destrucción de bosques y selvas del deterioro creciente de la calidad del aire, de la escasez y contaminación del agua, del empobrecimiento y subutilización de suelos, del inadecuado manejo y disposición de residuos municipales e industriales y de la insuficiente educación ambiental.
Estamos a tiempo de revertir efectos y de modular el crecimiento económico para hacerlo sostenible. El Programa que aquí se presenta es un paso en esa dirección; todos tendremos que trabajar para mejorarlo. La tarea no es simple, ni tampoco de corta duración; compete a toda la sociedad nacional y no solamente a sus autoridades. Habrá que trazar los caminos para unir voluntades.
Situación Actual de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.
Recursos Naturales
En México se reportan crecientes índices de deforestación equivalentes a 500 mil hectáreas al año. Este problema se atribuye a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria a la explotación desordenada, al crecimiento urbano y a los incendios forestales naturales o inducidos.

La pérdida de la vegetación trae como resultado la modificación y alteración en la distribución y abundancia de la flora y fauna local. A los cambios concomitantes de humedad ambiental generados por la supresión del proceso de evapotranspiración vegetal, se agrega la falta de protección al suelo mismo; el resultado es la modificación severa del ciclo hidrológico al variar los procesos de captación y de escurrimiento de las aguas superficiales.

Otro fenómeno que afecta a los suelos es la salinización característica de las zonas de riego agrícola que consumen grandes volúmenes de agua. El efecto sobre la vegetación es la disminución de absorción del agua. Hay que añadir que las concentraciones altas de cloruros de sulfatos y de carbonatos son tóxicas para las plantas e impiden su cultivo.

El arrastre de la capa superficial de los suelos da origen también a procesos de azolvamiento y sedimentación, en cuencas hidrológicas de distinto tipo. Este arrastre produce fenómenos de eutroficación (concentración de nutrientes y disminución del oxígeno), afectando la flora y la fauna acuática de cuencas interiores; además, éste fenómeno contribuye a la pérdida de nutrientes del suelo.
El empleo indiscriminado de plaguicidas y de agroquímicos tiene efectos contaminantes sobre el agua, suelo y los cuerpos de agua, afectando en forma directa a la flora y la fauna acuática y de su hábitat.
A) Flora y Fauna
La flora y fauna silvestres están sujetas a múltiples factores de presión. Ello ocasiona que tanto su abundancia como su adversidad tiendan a disminuir, comprometiendo su permanencia en el territorio nacional. Las causas son la destrucción del hábitat, la caza y pesca furtivas, el comercio ilegal, la contaminación ambiental y las actividades recreativas y turísticas inapropiadas.
Existen en el país 447 especies de mamíferos, de las cuales 61 son cinegéticos. Existen 1051 especies de aves, de ellas 68 son de ornato y canoras. Hay 685 especies de reptiles y 284 de anfibios; de los últimos se utilizan 30 y 10 especies respectivamente, para fines alimenticios y de la industria peletera.
El aprovechamiento de la fauna de México se ha basado en un criterio parcial de considerarla como recurso natural renovable, que no requiere de manejo. En los últimos años, se ha intentado revertir esta situación, con el establecimiento y la promoción de criaderos y estaciones de vida silvestre.
En la actualidad, 342 especies de fauna se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, de las cuales 169 son especies únicas de México. Los grupos más afectados son los mamíferos y las aves cinegéticas, canoras y de ornato.
La fauna es un recurso altamente productivo, cuya potencialidad aun no ha sido debidamente explorada y aprovechada; de manera tradicional ha sido una alternativa de subsistencia y su explotación no se ha realizado racionalmente.
Por lo que se refiere a la flora silvestre, por lo menos 582 especies de plantas superiores se encuentran también amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, existe una gran cantidad de plantas que han sido utilizadas por distintos grupos étnicos para usos medicinales y alimenticios, durante varias generaciones. Hasta ahora, no se ha desarrollado su potencialidad con fines de aprovechamiento en forma comercial. Esto ha sido ocasionado por el desarrollo de monocultivos o explotaciones selectivas, desaprovechando la oportunidad de realizar un uso múltiple e integral de los ecosistemas.
La gran diversidad de la flora, y su acelerada depredación, obligan a definir un sistema informativo actualizado que permita conocer su situación actual, las acciones que se realizan para su protección y su temporalidad. En este sentido, se deben reforzar las acciones del gobierno y de las instituciones de educación superior y de investigación para el establecimiento y operación de los jardines botánicos; con ellos, es posible promover la difusión, educación, y la investigación sobre el patrimonio vegetal del país. A los viveros les corresponde la labor de propagar especies vegetales útiles.
El tratamiento y uso comercial de especies con base en criaderos se encuentra en su etapa inicial. A la fecha se tienen registrados y regulados 48 criaderos para cocodrilos, loros, guacamayas y venado de cola blanca, entre otros.
La flora y fauna silvestre y acuática constituyen una porción importante de los recursos naturales; por tratarse de elementos vivos susceptibles a renovación, son útiles para satisfacer las necesidades humanas en forma real y potencial.
En México, estos recursos representan un valioso patrimonio, tanto desde el punto de vista ecológico, como desde el punto de vista socioeconómico.
En la biota marina se presentan dos problemas principales: la sobreexplotación de las especies de alto valor comercial y el impacto ambiental sobre los elementos funcionales y estructurales de los procesos ecológicos, que tienen lugar en el entorno acuático, sea continental, costero u oceánico. Todo repercute en la disminución de la productividad de la pesca de gran escala y tradicional, y en un abatimiento de la captura de especies importantes desde el punto de vista comercial y ecológico. Aún no han sido evaluadas con precisión las modificaciones generadas en los fondos oceánicos y en los litorales.
En la actualidad, los recursos acuáticos tanto costeros como continentales han sufrido severas perturbaciones en su equilibrio ecológico natural. Las causas son varias: la contaminación producida por el vertimiento de aguas residuales, la pesca incidental, los asentamientos en torno a plantas de procesamiento de productos pesqueros y la actividad de los centros turísticos. Hay efectos notorios, como la destrucción de manglares y de recintos naturales para el refugio, la alimentación, la reproducción y la crianza de numerosas especies de aves acuáticas migratorias.
La contaminación marina, cuyos principales agentes son los residuos orgánicos e inorgánicos, afecta directamente la sobrevivencia de peces y de algunos invertebrados de importancia sanitaria y comercial como los moluscos bivalvos.
b) Áreas Naturales Protegidas
Ante la situación descrita y con el propósito, entre otros, de preservar los ambientes naturales característicos del país y salvaguardar la riqueza genética de las especies, se constituyó el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP). Cuenta con 65 áreas, con una cobertura de cerca de 6 millones de hectáreas, que equivale a cerca del 3 por ciento de la superficie total del país, representativas de la zona templada, del trópico húmedo, de la zona árida y semiárida y de la superficie insular.
Estas áreas comprenden los diversos tipos de ecosistemas del territorio nacional, aún cuando la representatividad biológica en ellas no es muy amplia. En forma adicional, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como algunos gobiernos estatales, protegen más de 8 millones de hectáreas, mediante 59 reservas forestales y zonas de cuencas protegidas.
De esta forma, se puede decir que la superficie protegida en el país alcanza el 7 por ciento del territorio nacional; no se considera en ese porcentaje a las 156 zonas protectoras de cuencas alimentadoras de obras de irrigación, ni a otras zonas forestales preservadas.

Los problemas más importantes, que enfrentan las áreas naturales protegidas, en todas las regiones ecológicas del país, son los siguientes:
- Insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros para la operación de la totalidad de las áreas que constituyen el sistema. Como consecuencia, se asignan recursos sólo a las consideradas como altamente prioritarias, sin que estos resulten suficientes para atenderlas adecuadamente.
- El personal responsable de realizar la vigilancia carece de atribuciones para la aplicación de medidas coercitivas a los infractores, y no cuenta con los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones.
- En la gran mayoría de las áreas no se han establecido los decretos de expropiación correspondientes, o no se ha cubierto el monto de indemnización en su oportunidad. Por esta razón, los propietarios y poseedores de los predios continúan haciendo uso de los recursos a través de actividades no planificadas o autorizadas, principalmente de tipo agropecuario y forestal. Como consecuencia colateral, se presentan incendios y han proliferado las plagas y enfermedades en el arbolado, con el consiguiente deterioro de los ecosistemas originales.
- En las zonas de carácter urbano, se presentan constantes invasiones a su superficie por asentamientos urbanos irregulares, con la aparición de problemas de contaminación de suelo y agua.
- La tala clandestina en algunas áreas protegidas y sus zonas de influencia, ha ocasionado problemas de erosión y pérdida del hábitat para la fauna silvestre.
- No se cuenta con programas de investigación, que proporcionen el conocimiento de los recursos de las áreas naturales protegidas y las técnicas adecuadas, tanto para el manejo racional y sostenido de los recursos, como para la solución de problemas socioeconómicos ligados a éstos.
Agua.

A México se le divide en 320 cuencas hidrológicas, agrupadas en 14 regiones. Su precipitación pluvial no se distribuye uniformemente en todo el territorio. En la zona norte del país sólo se tiene un escurrimiento del 3 por ciento del total en un área equivalente al 30 por ciento del territorio; en el sureste se cuenta con el 50 por ciento de la disponibilidad total de agua en una superficie no mayor al 20 por ciento del país.
Sólo la región central presenta equilibrio entre el promedio de escurrimiento y la extensión territorial, teniendo una disponibilidad de 47 por ciento, en 50 por ciento del territorio. Pero aún en esta zona se ha tenido que recurrir al trasvase de cuencas para satisfacer la demanda de áreas como la Zona Metropolitana del Valle de México, con todas las consecuencias que esto implica.
Los grandes polos de desarrollo demandan cantidades cada vez mayores de agua; también ellos son los que aportan más contaminantes, al descargar sus aguas residuales (municipales e industriales) en los cuerpos receptores, en muchas ocasiones sin tratamiento alguno. El suministro a los centros urbanos representa grandes erogaciones, ya que en tanto la demanda se concentra en regiones situadas por encima de los 500 m., la mayoría de las cuencas susceptibles de servir como fuente de abastecimiento se ubican por debajo de esa cota. Estas condiciones han obligado a construir sistemas de captación y de conducción con inversiones muy costosas.
Debido a estas tendencias, se observan ya insuficiencias críticas de agua limpia en algunas regiones; en consecuencia, su obtención tendrá un costo cada vez más elevado, ya que el agua es un recurso vital que se debe tener en el lugar y en el tiempo adecuados, en suficiente cantidad y con buena calidad.
a) Calidad del Agua
Las fuentes principales de contaminación de los sectores agropecuario e industrial aportan residuos de diferentes características, que es indispensable conocer con precisión para determinar los sistemas más adecuados de control y tratamiento.
La contaminación del agua se conforma por una sucesión de fenómenos asociados al incremento poblacional: la concentración de la población, y de la actividad económica, demanda crecientes volúmenes del líquido y genera más residuos y descargas de agua sin tratamiento. En las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara se generan 46, 8.5 y 8.2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales respectivamente. En conjunto, equivalen al 34 por ciento del total a nivel nacional estimado en 184 metros cúbicos por segundo; de éstos, 105 corresponden a descargas municipales y 79 a descargas industriales.

Se considera que para el año 2000 se verterán 207 metros cúbicos por segundo de aguas residuales; ello implica un enorme reto, no sólo para los servicios de agua potable y alcantarillado, sino también para los sistemas de tratamiento de agua.
Los principales contaminantes que modifican la calidad natural de las corrientes de agua son: materia orgánica que ocasiona la disminución del oxígeno disuelto; nutrientes que provocan eutroficación; grasas y aceites que ocluyen las agallas de los peces y disminuyen la transferencia de oxígeno; organismos patógenos, metales pesados, detergentes y plaguicidas que afectan a la salud humana y a la flora y fauna acuáticas.
A escala nacional se genera una carga contaminante de materia orgánica total, medida en términos de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), de 2.4 millones de toneladas por año; corresponden 36 por ciento al ámbito municipal y 64 por ciento al industrial.
El sector industrial, de acuerdo con los índices de extracción, consumo y contaminación de agua, se ha configurado en 39 grupos de los cuales 9 son los que producen la mayor cantidad de aguas residuales: azúcar, química, papel y celulosa petróleo, bebidas, textiles, siderurgia, electricidad y alimentos. Estos 9 grupos en conjunto arrojan el 82 por ciento del total de aguas residuales de origen industrial. Destacan la industria azucarera y la química con el 59.8 por ciento del total.
Entre las manifestaciones del deterioro asociado al agua se puede mencionar: el agotamiento paulatino de los suelos; el empobrecimiento de terrenos de alta productividad agrícola por salinización; el abatimiento en general de los niveles de productividad de sector agropecuario; la desertificación por pérdida de la cubierta vegetal; la inutilización de los cuerpos de agua que surten a la población; la disminución de acuíferos y la insalubridad de los polos urbanos.
Si se mantienen las actuales formas de producción, que no consideran su impacto en el ambiente, es probable que se amplíe el número de zonas clasificadas como críticas. En este sentido, hay que enfatizar que las acciones preventivas, en el largo plazo son menos costosas que las correctivas.
Aire

a) Zonas Urbanas e Industriales.
La contaminación atmosférica es consecuencia también de la dinámica de desarrollo. Se puede señalar como causa primordial del problema al rápido crecimiento demográfico que ha experimentado México en las últimas décadas y a la tendencia de la población y del desarrollo industrial a concentrarse en unos cuantos polos de desarrollo.

El aumento en el número de vehículos, en las grandes ciudades, se traduce en forma directa en un aumento en el consumo de gasolina y en mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera. Para ilustrar estas circunstancias se observa que en 1940 habían registrados en el país, alrededor de 149 mil vehículos, cifra que aumenta en 1979 a 4.8 millones y en 1989 a 8 millones. En relación con el uso de gasolina, se consigna un consumo de 1.6 millones de litros diarios en todo el país en el año de 1940, y de 57.5 millones en 1989.

Las grandes zonas urbanas presentan los problemas críticos de contaminación; el 40 por ciento del total de los contaminantes emitidos a la atmósfera se generan en las zonas metropolitanas del Valle de México (ZMVM), Guadalajara y Monterrey.

En la zona Metropolitana del Valle de México, el problema de la contaminación atmosférica reviste características graves como consecuencia de la excesiva concentración urbano-industrial y de las condiciones geográficas y meteorológicas de la región. En ella se localiza el 20 por ciento de los establecimientos industriales del país, el 40 por ciento de la inversión industrial y el 42 por ciento de la población económicamente activa.
En las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara se presentan también problemas de contaminación atmosférica, aunque menos graves.
En Guadalajara, el crecimiento demográfico en los últimos años ha sido tal, que cuenta en la actualidad con 3.3 millones de habitantes, lo que se traduce en un aumento en la demanda de energéticos y de transporte. La cantidad de vehículos automotores registrados asciende a 600 mil unidades, que alteran directamente la calidad del aire. La planta industrial está integrada por cerca de 3 mil establecimientos, entre los que destacan la industria química y la generación de energía, que es otra de las causas determinantes de la degradación del ambiente.

La ciudad de Monterrey pasó de 0.2 a 2.8 millones de habitantes en el período 1940-1989 y circulan con ella más de 300 mil vehículos automotores. La actividad industrial está representada por cerca de 4 mil establecimientos de las industrias química, de la fundición, del cemento, de generación de energía eléctrica, explotación intensiva de recursos minerales no metálicos y, en menor escala, los de servicios urbanos; estas industrias emiten diversos contaminantes a lo atmósfera, tales como bióxido de azufre, partículas y monóxido de carbono en concentraciones significativas; éste y los hidrocarburos no quemados provienen también de las fuentes móviles.
La actividad petrolera y portuaria industrial, localizada en el Golfo de México, ha producido beneficios de indudable importancia para el país; sin embargo, la concentración de actividades inherentes a la exploración, explotación y procesamiento de hidrocarburos, ha impactado en forma negativa y sensible a ciudades industriales de la región, como Minatitlán y Coatzacoalcos. Merecen especial mención el corredor industrial del Bajío y el de la zona de Tula-Vito-Apasco. En este último, la explotación y aprovechamiento de materiales pétreos, sumados a la industria petroquímica y a la generación de energía eléctrica, representan emisiones del orden de 350 mil toneladas al año, que ha superado la capacidad de asimilación del medio. Los principales contaminantes son el bióxido de azufre y las partículas, que ascienden en conjunto al 80 por ciento del total.
Las ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Piedras Negras presentan en los últimos años, signos de deterioro significativo en la calidad del aire, a consecuencia también de su crecimiento urbano industrial.
Para conocer con mayor precisión los niveles de contaminación de las principales ciudades y definir medidas preventivas y correctivas, se estableció la Red Nacional de Monitoreo Atmosférico que actualmente cuenta con 22 redes manuales, 3 micrometeorológicas y una red automática. Se ha establecido también el Sistema Nacional de Monitoreo Atmosférico, que consta de 192 estaciones; con este apoyo técnico, es posible evaluar sistemáticamente la calidad del aire en las ciudades del país que presentan mayores problemas.

Se han instrumentado a nivel nacional diversos programas para la prevención y control de la contaminación. El Decreto de las 21 Medidas para controlar las fuentes de emisión en la ZMVM, establecido en febrero de 1990, constituye un extraordinario esfuerzo de concertación del Gobierno Federal para promover acciones coordinadas con la sociedad en su conjunto. Este programa y el que le sucedió, de las 100 Acciones, han permitido adoptar medidas importantes para revertir el deterioro ambiental. Estos antecedentes constituyen la base para establecer el Programa Integral de Lucha Contra la Contaminación en la ZMVM, que atacará de raíz el problema; esa experiencia es útil también para atender a las principales ciudades y regiones ecológicas del país.
c) Ruido
El principal problema de la contaminación por ruido en las grandes ciudades, se origina por el uso constante y creciente de vehículos automotores y por las actividades industriales y comerciales. El desarrollo urbano no ordenado ha ocasionado que áreas industriales queden rodeadas por zonas habitacionales, afectadas por ruido y vibraciones. Ciudades como las tres grandes zonas metropolitanas y otras como Tijuana, Irapuato, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas son afectadas por el intenso tránsito vehicular y la concentración de actividades en sus zonas centro. Otras ciudades se ven congestionadas en temporada de vacaciones, por las aglomeraciones de visitantes, con el consecuente incremento del ruido.

Está en proceso de elaboración el reglamento de ruido y vibraciones, que contendrá los criterios jurídicos y administrativos básicos para el establecimiento de normas técnico ecológicas. Será necesario disponer de equipo para la medición de ruido y vibraciones.

Desechos y Residuos Sólidos
El crecimiento demográfico, y el de las actividades productivas y de servicios, han rebasado con mucho la capacidad del medio para absorber los millones de toneladas de desechos que se generan. Surge la necesidad de auxiliar a los procesos naturales mediante sistemas de recolección, tratamiento y disposición final para evitar daños ecológicos irreversibles.

Si se consideran todas las fuentes, en México se producen diariamente 52 mil toneladas de desechos sólidos municipales y 370 mil toneladas de residuos industriales.

Actualmente del total de basura urbana producida se recolecta únicamente el 75 por ciento, quedando dispersas 13 mil toneladas de basura diariamente; de las cantidades recolectadas sólo 16 mil toneladas son dispuestas adecuadamente en rellenos sanitarios controlados. Las 23 mil restantes son tiradas a cielo abierto. De seguir esa tendencia, la situación de por sí ya grave, puede adquirir un perfil crítico. Agrava esto el hecho de que continúan fabricándose, con mayor frecuencia, productos con ingredientes de difícil biodegradación y envases desechables no reciclables.
Para el control de los residuos municipales, se encuentran operando en el país 34 rellenos sanitarios que cubren las necesidades de únicamente el 21 por ciento de la población.

El servicio de limpia que se proporciona en los municipios y delegaciones del país por las autoridades, consistente en barrido de vías y áreas públicas, recolección, tratamiento y disposición final de residuos, presenta carencias y se efectúa por lo general con sistemas manuales.

Otras limitantes son: el insuficiente personal capacitado para aplicar técnicas y metodologías en los sistemas de limpia; la organización administrativa del servicio no ha permitido contar con personal con los conocimientos suficientes para dar una atención adecuada a los problemas. El costo de los servicios de limpia incide también en forma notable en la economía de los municipios.
Dentro de los residuos municipales se encuentran los generados en hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación y docencia, los cuales son considerados como peligrosos por su capacidad infecciosa. En el Distrito Federal, se construye una planta de incineración para el tratamiento de residuos hospitalarios, que proporcionará información de gran utilidad para conocer la viabilidad económica de este tipo de instalaciones en otras ciudades del país.
El control de los residuos sólidos industriales, representa igualmente una prioridad de atención. De las 370 mil toneladas que diariamente se generan, 13 mil corresponden a materiales que tienen características peligrosas. Tan sólo la industria química libera mensualmente al mercado más de tres mil nuevos productos; por esta razón, la clasificación de los residuos sólidos es cada día más complicada. La mayor parte de los desechos sólidos peligrosos se genera en los procesos químicos; inclusive a los altamente tóxicos corrosivos, reactivos, explosivos e inflamables y también a los de hospitales y laboratorios.

Tradicionalmente, la industria ha depositado sus residuos en terrenos baldíos y en forma clandestina; como resultado de estas prácticas, se observa ya contaminación en varios cuerpos de agua superficiales, o que puede provocar daños a la salud. Este mal manejo debe terminar cuanto antes. Es importante señalar que muchas empresas, generadoras de sustancias peligrosas, almacenan sus desechos hasta contar con la infraestructura de recuperación de tratamiento o de confinamiento seguro para su disposición final.

La explotación minera genera más del 90 por ciento de los residuos a nivel nacional; algunos de ellos son francamente peligrosos por su alto contenido de metales pesados. Este material residual representa 120 millones de toneladas anuales. Los procesos siderúrgicos y de fundición de chatarra producen además polvos y lodos, que contienen metales pesados como plomo, cromo, cadmio y otros que, en dosis frecuentes y acumulativas, pueden generar trastornos serios a la salud.
La industria petrolera, en sus procesos de refinación y petroquímica, genera anualmente 1.7 millones de toneladas de residuos. De este volumen, corresponde a desperdicios semisólidos el 90.15 por ciento, a líquidos el 9.6 y a sólidos el 0.25; se considera peligrosos al 13 por ciento del total. Los residuos que se reciclan representan tan sólo el 0.1 por ciento; se estima que son susceptibles de ser reutilizados el 11 por ciento.
La infraestructura disponible para el tratamiento está constituida por tres plantas y diez confinamientos controlados; estas instalaciones tienen una capacidad para procesar y disponer finalmente el 30 por ciento del total nacional de residuos industriales peligrosos. Tampoco se cuenta con personal técnico y operativo suficientemente capacitado para diseñar y poner en marcha sistemas de almacenamiento, regulación, transporte, tratamiento y disposición final. Todo ello provoca que el problema se agrave.
Los desechos provenientes de la industria agrícola revisten importancia por su composición, características y abundancia; sin embargo, no se tiene un inventario preciso de las fuentes y de los volúmenes que se generan, lo que impide definir medidas eficaces para su control.

Elementos Generales de la Gestión Ambiental
Ordenamiento Ecológico
El equilibrio entre las actividades del hombre y su medio vital depende de la planeación integral del uso del territorio; hay que considerar la vocación de cada zona, sus recursos naturales, la distribución de los habitantes y sus actividades socioeconómicas. También los fenómenos no predecibles, como sismos y huracanes, tienen que ser tomados en cuenta. En términos generales, diseñar un proceso de desarrollo sostenible, con garantía de bienestar social, implica ordenar racionalmente las variables ambientales que intervienen.

El crecimiento urbano desordenado, la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo en su conjunto se han dado en forma indiscriminada, sin considerar el impacto sobre su ámbito de influencia. Este proceso se ha traducido en el deterioro ecológico y el daño al ambiente, descrito anteriormente.

La planeación ambiental es una tarea que tiende a orientar y corregir los procesos que inciden sobre la diversidad y la estabilidad de los ecosistemas. El proceso de ordenamiento incluye las actividades productivas primarias y secundarias, los asentamientos humanos, la explotación y el aprovechamiento de recursos naturales y la creación de áreas naturales protegidas.

Las estrategias de reordenamiento urbano y de descentralización, establecidas para definir un nuevo perfil espacial del desarrollo, a partir del Sistema Urbano Nacional, consideran ya una estrecha vinculación con las política de ordenamiento ecológico. Esto permitirá distribuir de manera más racional las actividades productivas en el territorio.

El ordenamiento ecológico constituye el elemento central de la planeación para alcanzar un desarrollo sostenible. En el mediano plazo conjuga todos los programas de crecimiento: desde la planeación de proyectos específicos para la explotación de recursos naturales y el traslado de industrias, hasta la promoción del control de la emisión de contaminantes.

Impacto y Riesgo Ambiental
Las actividades socioeconómicas, fundamentalmente las industriales, implican por lo general un impacto ambiental. Por ejemplo, la construcción de grandes proyectos para la generación de energía eléctrica y la irrigación, la explotación de yacimientos minerales, los corredores industriales y los desarrollos turísticos conllevan grandes efectos sobre el medio circundante.

Sin una adecuada evaluación de su impacto, tales proyectos degradan el ambiente y pueden producir desplazamientos de núcleos de población, inutilizan tierras aptas para la agricultura y afectan recursos renovables y no renovables.
El impacto ambiental puede reducirse al mínimo, si se considera la dimensión ambiental en el diseño y desarrollo del proyecto y en la operación de los ya existentes. En este contexto, la aplicación de estudios de impacto es prioritaria para el desarrollo sostenible del país.

El crecimiento industrial implica también la presencia de actividades peligrosas; para las zonas cercanas, aumenta el riesgo de ser severamente afectadas. En caso de accidente, se pueden producir emisiones tóxicas masivas o crearse nubes de sustancias explosivas que amenacen en forma significativa el equilibrio ecológico, el ambiente y la seguridad, tanto de la población como de sus bienes.
En algunas regiones del país se presentan con frecuencia fenómenos naturales destructivos, cuyos efectos pueden rebasar los parámetros de seguridad establecidos para la industria, con la consecuente afectación al ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que las actividades productivas, que implican alto riesgo, requieren de cumplimiento de normas técnicas de seguridad y operación. Sin embargo, existe poca experiencia en la elaboración de los estudios de riesgo con enfoque ambiental.
También, es importante señalar la necesidad de proporcionar asistencia técnica y capacitación a las autoridades correspondientes, para que, con su cooperación y corresponsabilidad, se facilite la aplicación sistemática del análisis de riesgo.

Marco Legal
La legislación ambiental ha evolucionado hacia la concepción global de las relaciones de interdependencia que guardan los recursos naturales con las actividades de la sociedad. Con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se adoptó la premisa de que el crecimiento sostenido sólo puede darse a través de la planeación y el ordenamiento integral de las actividades productivas. Se considera también que la prevención es el medio más eficaz para preservar el equilibrio ecológico, con la participación activa de la sociedad.
Sin embargo, aún están vigentes otros ordenamientos legales que no contemplan el aprovechamiento integral de los recursos naturales. Esta circunstancia provoca contradicciones y conflictos entre las disposiciones vigentes; es imprescindible una mayor coordinación de las distintas instancias gubernamentales para superar estas deficiencias.

Por otra parte, a nivel estatal es incipiente todavía la promulgación de leyes y reglamentos que permitan atender en lo regional a los problemas ambientales; en forma semejante, las instancias locales carecen en muchos casos de las estructuras administrativas, para instrumentar las políticas en materia ecológica.
Aprovechamiento de la Ciencia y la Tecnología
La complejidad del ámbito de acción de la ecología, aunada a la magnitud de los problemas del deterioro ecológico que se manifiestan en muchas regiones del país, hace notoria la insuficiencia de la estructura científica y de desarrollo tecnológico asociada al campo de la protección del medio ambiente.

La infraestructura actual es aún escasa para conocer y aprovechar la enorme y variada riqueza natural de México. Poco se ha realizado para difundir oportunamente los conocimientos y avances científicos y tecnológicos, en materia de contaminación y preservación del equilibrio ecológico. El desarrollo de la industria nacional, destinada a la producción de equipos para el control de la contaminación y el monitoreo, es mínimo. Se depende en gran medida de tecnología extranjera, lo que eleva el costo de los equipos y sistemas existentes en el mercado y limita su aplicación inmediata.

El conocimiento sobre la composición de los contaminantes y de la física y química atmosféricas requiere de años de investigación, muestreos y análisis de información; el establecimiento y la confirmación de hipótesis tienen que ser auxiliados con tecnologías modernas.

Es necesario, en consecuencia, que en materia de protección al ambiente se cuente con los conocimientos científicos y técnicos que permitan incorporar, en los procesos productivos, tecnologías que reduzcan al mínimo el impacto sobre el medio ambiente, así como definir e incluir criterios ecológicos para regular y optimizar las actividades productivas.

Hay un conocimiento importante en tecnologías tradicionales, que puede rescatarse para adoptarlo a las circunstancias actuales, debido a su utilidad para contrarrestar la degradación ecológica.

Existe un enorme potencial de recursos bióticos que no han sido aprovechados. En este caso la investigación no se ha dirigido a la creación de tecnologías adecuadas para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales con que cuenta el país.

La infraestructura de investigación en la materia requiere de un mayor impulso, que permita desarrollar e incorporar técnicas y procedimientos de producción que no incidan en forma negativa en el medio.
Cooperación Internacional
La cuestión ambiental ha adquirido una dimensión global. La industrialización, la urbanización y la interrelación de los ecosistemas provocan que impactos negativos en el entorno repercutan no sólo en el área donde se producen, sino que rebasan fronteras y afectan al medio ambiente mundial.
Nuestro país ha expresado, en diferentes foros ecológicos internacionales, su preocupación por prevenir y controlar la contaminación ambiental y sus efectos. Contribuye, asimismo, con la parte que le corresponde, en el desarrollo y ejecución de varios programas.

Es amplia y vasta la cooperación que en materia ecológica ha realizado nuestro país con todos los organismos internacionales involucrados en la materia. Se han suscrito convenios de cooperación en materia ecológica y ambiental con 56 países.
Estos convenios y proyectos internacionales han permitido complementar los recursos y esfuerzos nacionales para la transferencia de conocimientos y técnicas, la formación de recursos humanos especializados y la realización de trabajos conjuntos.

No obstante los avances registrados, es urgente poner énfasis en la atención de los procesos causantes del deterioro, propiciando una mejor coordinación y cooperación entre todos los países e involucrando a todos los organismos de competencia internacional a fin de acelerar y ampliar los programas mundiales de carácter ecológico.
ESTRATEGIA

Para alcanzar los objetivos del Programa, se ha integrado una estrategia enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, que establece la necesidad de recuperar el crecimiento, otorgando al cuidado del ambiente una atención medular. Se reconoce que las problemas por resolver requieren de acciones de mediano y largo plazo. Además, para vencer la inercia de las décadas anteriores, en las que a la variable ambiental no se le reconoció su importancia, deberán inducirse cambios en hábitos y conductas en todos los sectores de la sociedad mexicana.
Estrategia General
Se perfeccionarán los mecanismos de comunicación entre las autoridades y la sociedad. Los programas de denuncia popular y los consejos de participación ciudadana serán el vínculo que permita a las autoridades del Sector, conocer iniciativas y preocupaciones fundadas, para definir problemas y plantear soluciones.
Con el propósito de atender cabalmente las sugerencias y las denuncias de la ciudadanía, se perfeccionará el trabajo de coordinación intrasectorial e intersectorial que ya se realiza en el seno de la Comisión Nacional de Ecología, en los comités interinstitucionales del Gobierno Federal, en los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADES) y en otras instancias. Así se evitará la dispersión de recursos, tanto gubernamentales como sociales.

El esfuerzo para la restauración y la preservación del equilibrio ecológico se dirigirá en buena medida a la esfera municipal. De esta forma, el municipio será el núcleo que propicie la acción de los grupos sociales en materia de protección al medio natural. Las regidurías ecológicas serán la organización más próxima al ciudadano, de las que partirán los programas en forma concurrente.
El compromiso ineludible es preservar el interés general por encima de las pretensiones individuales. Las decisiones estarán enmarcadas en esta premisa de justicia; por lo que el costo de la reparación del daño causado al medio natural, tendrá que absorberse por el responsable de provocarla.
Descentralización

Con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se inició un proceso de descentralización de facultades en el ámbito ecológico, el cual en algunas entidades ya se ha traducido en la expedición de normas y en la creación de organizaciones administrativas que atienden los asuntos de la gestión ambiental.

Este es un primer paso al que seguirán otras acciones. La descentralización se extenderá al nivel municipal, se establecerán procedimientos adecuados para transferir la experiencia acumulada tanto a los gobiernos estatales, como a los municipales, poniéndose énfasis en la formación de recursos humanos. Se apoyará a los dos órdenes de autoridad en la formulación de proyectos en materia ecológica. En este proceso, se concertarán acciones con las instituciones de educación superior, para la realización de programas de estudio y de capacitación.

Se impulsará la creación de las regidurías ecológicas, las cuales serán el mecanismo jurídico-administrativo de mayor relevancia, para que en el ámbito regional, gobierno y sociedad atiendan en forma conjunta los problemas ambientales.
Financiamiento

Uno de los retos que enfrentará el Programa es la limitación presupuestal que afecta al país. La estrategia para enfrentarla consiste en perfeccionar los mecanismos de coordinación y de concertación entre el sector público y los sectores social y privado. De igual manera, se requieren nuevas formas de organización y procedimientos para enfrentar los problemas ecológicos, haciendo un uso eficiente de los presupuestos asignados.
Se buscará que los recursos fiscales induzcan inversiones paralelas de los sectores social y privado, de los gobiernos estatales, municipales y de otras instituciones. Se contempla la aplicación de las siguientes directrices:
}Responsabilizar a los causantes del deterioro natural y la contaminación, de los costos que implique la prevención y la solución de los impactos negativos en el entorno. Complementar las erogaciones públicas con las aportaciones financieras de los grupos beneficiados.

Incrementar la participación de las comunidades atendidas mediante sus propias contribuciones de trabajo y la utilización de materiales locales.
En los casos permitidos por la ley, concesionar a los particulares las obras y servicios públicos en que se asegure el interés de la población.
Desarrollar esquemas de financiamiento de las obras y servicios públicos a través de sistemas tarifarios y de precios que permitan su operación autosostenible y la ampliación de las inversiones.

Estos esquemas para el financiamiento se reforzarán optimizando los recursos técnicos y humanos y asignando selectivamente presupuestos, para realizar actividades prioritarias y estratégicas.

Estrategia Territorial
El deterioro en el equilibrio ecológico es particularmente notable en las grandes ciudades y en los corredores y puertos industriales, donde se presentan los mayores índices de deterioro ambiental y de destrucción de recursos. Los impactos han afectado el entorno inmediato y han repercutido en las cuencas hidrológicas y los diversos ecosistemas.

Por esta razón, la estrategia territorial para atender los problemas de los centros urbanos o de las áreas ecológicas afectadas por la contaminación o la depredación de los recursos naturales, tiene como propósito establecer una relación más equilibrada entre las actividades productivas y su impacto directo en el entorno inmediato, así como en aquellas zonas ecológicas hasta donde llega la influencia de aquellas.
Se precisarán integralmente los problemas ecológicos, evaluando su magnitud para establecer niveles de atención y soluciones oportunas, bajo un cuadro de prioridades. Esto permitirá profundizar en las acciones correctivas y preventivas para reducir costos a mediano plazo y restituir las bases para un orden ecológico más equilibrado.
Recursos Naturales
Para frenar y revertir los daños ocasionados por la falta de armonía entre la producción y los recursos naturales, la gestión ecológica se orientará a generar programas para hacer efectivo el respeto a la vocación natural del suelo.
En cuanto al uso óptimo de los recursos naturales del país, se fomentará el uso de técnicas de aprovechamiento intensivo y continuo.
Será necesario coordinar entre las dependencias gubernamentales, en sus tres niveles, la implantación de programas locales orientados a delimitar las fronteras agrícola y forestal.

Se realizará un esfuerzo de gran cobertura, de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado, para ejecutar programas integrales de preservación y aprovechamiento forestal. Esas acciones contemplarán la reforestación por los responsables del daño causado, así como la restauración de los ecosistemas alterados.

Conjuntamente con las autoridades locales, se elaborarán programas intersectoriales para proteger de los incendios a los recursos, que comprenderán medidas de vigilancia, de aplicación estricta del marco legal en la materia y la ejecución de acciones de contingencia en caso de siniestros.

En materia de áreas naturales protegidas, se incrementará la superficie del sistema existente y se re forzará la capacidad de protección y vigilancia. Paralelamente, se promoverá la utilización racional de otros recursos locales.

En cuanto a la flora y fauna silvestres, se trabajará en dos sentidos, por una parte, se ampliará la infraestructura existente para reproducción, con criaderos y viveros financiados y operados por organizaciones sociales y privadas, o bien por los propios gobiernos locales, mediante esquemas de comercialización controlada y cuotas de repoblamiento; en el otro, se actualizarán sistemáticamente los ordenamientos legales y los instrumentos para garantizar su cumplimiento, con sanciones más severas para los responsables de los deterioros ecológicos.

Agua
Del conjunto de recursos acuíferos del país, adquirirán prioridad de atención las 31 cuencas hidrológicas que se encuentran severamente deterioradas. Cinco de ellas requieren de atención urgente, tanto por sus niveles de contaminación, como por el hecho de que se encuentran localizadas entre grandes polos de desarrollo. Dichas cuencas son: Lerma-Santiago, Pánuco, San Juan, Balsas y Blanco.

Para ellas, se formularán programas específicos que incluyen el saneamiento y el correcto aprovechamiento hidráulico; el control de las descargas residuales; la construcción y operación de plantas de tratamiento y la restauración ecológica de las áreas aledañas. Se efectuarán los trabajos sistemáticos de control de calidad de agua y de rehabilitación, para garantizar la preservación de estos ecosistemas en el largo plazo.

Aire

El problema de la contaminación del aire es de carácter local; se presenta fundamentalmente en las ciudades con mayores concentraciones de población e industrialización. Su solución requiere de acciones correctivas que implican costos muy elevados y de medidas que se sostengan y maduren en el largo plazo.

Por el grado de deterioro de la calidad del aire de los principales centros urbanos e industriales, se proponen dos niveles de atención; el primero comprende las zonas metropolitanas de la ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey; y el segundo, asociado a un nivel menor de contaminación pero también grave, lo constituyen las ciudades fronterizas, los puertos industriales como Coatzacoalcos Minatitlán, Lázaro Cárdenas y Tampico-Madero-Altamira, así como los corredores industriales del Bajío y el de Tula-Vito-Apasco.

Mención especial merece la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se continuará aplicando el Programa Integral de Lucha Contra la Contaminación Atmosférica, con acciones correctivas que ya se ejecutan, tales como la introducción de dispositivos anticontaminantes en el parque vehicular de modelos recientes, el incremento de la calidad y cobertura del transporte colectivo y la restauración ecológica de diversas áreas urbanas; y medidas preventivas que, en el mediano y largo plazo, contemplan la producción de combustibles de mejor calidad para fuentes fijas y móviles, el control de giros contaminantes, la regulación del crecimiento urbano y la descentralización de actividades administrativas e industriales.

Para las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, se aplicarán también programas integrales, en coordinación con los gobiernos municipales. En dichos programas se considerará la ejecución de acciones correctivas y preventivas que reviertan la infición. En las ciudades del segundo nivel de atención, se pondrán en práctica las experiencias de esos programas y se ampliarán las actividades de monitoreo, para vigilar que los niveles de contaminación no aumenten. En el resto de los centros urbanos se realizarán actividades preventivas, conjuntamente con las autoridades locales.

Las tareas que se realicen, para la solución de estos problemas, requerirán que la ciudadanía asuma plenamente su parte de responsabilidad en la ejecución de las medidas propuestas.

Desechos y Residuos Sólidos

El manejo, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos son, de conformidad con el Artículo 115 constitucional, de estricta competencia de los gobiernos municipales; de acuerdo con este ordenamiento, la Federación debe proporcionar el apoyo y las normas técnicas necesarias, para propiciar que las acciones de saneamiento se efectúen oportunamente, evitando los peligros de la insalubridad.

Para lograr una adecuada disposición de los residuos, se ejecutarán las siguientes acciones: promover la actualización del marco legal para la atención integral de los problemas apoyar al fortalecimiento de la capacidad municipal, para el cumplimiento cabal de sus atribuciones de saneamiento; fomentar la ampliación de la infraestructura necesaria para el control, el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos; promover el control de la fabricación de productos desechables; y propiciar una cultura social más respetuosa del entorno.

Estrategia para la Gestión Ambiental
Ordenamiento Ecológico
El equilibrio futuro entre las acciones productivas y el medio circundante depende de la planeación racional del territorio, donde se considere la vocación de cada zona, el cuidado de los recursos naturales, la distribución armónica de la población y sus actividades socioeconómicas. En líneas generales se promoverá que cada sector, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, establezca su propio sistema para ordenar las variables ambientales del área de su competencia. El mismo proceso tiene que darse en los órdenes estatales y municipales de gobierno, en coordinación con la Federación

En congruencia con la política urbana y de descentralización que señala el Sistema Urbano Nacional, a través del ordenamiento ecológico se inducirá la reubicación de actividades económicas, hacia localidades más aptas del territorio nacional. Para ello, se considerará la vocación natural del uso del suelo de las distintas regiones del país, y la disponibilidad y capacidad de las infraestructuras existentes.
}En el mediano y en el largo plazo, el ordenamiento ecológico constituye el marco de referencia de la política ambiental. En ese ámbito se establecerá la vinculación con los programas de desarrollo en el plano nacional, regional, estatal o local. En consecuencia, se definirán los mecanismos para asegurar su obligatoriedad en todos los proyectos oficiales. Así, con el apoyo de los organismos competentes, se ejecutará una correcta planeación del desarrollo que incluya la variable ecológica.
Impacto y Riesgo Ambiental
Para reducir el deterioro causado por diversas obras, debe considerarse el impacto ambiental en el diseño y desarrollo de los proyectos. Con este propósito, es preciso realizar un estudio cuidadoso, para estimar con precisión por lo menos tres rubros: forma de utilización de los recursos necesarios, posible efecto de los desechos que produzcan y los impactos adversos al paisaje y al patrimonio cultural de la comunidad donde se asienta.

Se extenderá la aplicación de los estudios de impacto ambiental a todos los proyectos públicos y privados. Se promoverá que los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal expidan las disposiciones jurídicas en la materia. Al mismo tiempo, se diseñarán mecanismos de coordinación con las entidades federales y estatales encargadas de asignar recursos financieros, para facilitar el cumplimiento de las condiciones autorizadas, atendiendo a los resultados de la evaluación de impacto ambiental.

Las actividades productivas que impliquen altos riesgos, requieren del cumplimiento de normas técnicas de seguridad y de operación. Se establecerán mecanismos coordinados con las instancias estatales para que, en el marco de la planeación territorial, se ubiquen zonas específicas para el establecimiento de actividades riesgosas.

Marco Legal

En la competencia federal son dos las grandes líneas estratégicas: en una, se deberá completar la expedición de los reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las normas técnicas respectivas; en la otra, además de asegurar la congruencia entre ordenamientos legales relacionados con el uso y explotación de los recursos naturales, habrá que incluir en ellos los conceptos de manejo integral de los recursos naturales, de preservación del equilibrio ecológico y de protección al ambiente.

En la esfera local, se advierte distinto grado de avance en los procesos de formulación de las leyes estatales en la materia. Se continuará por ello, con el apoyo y asesoría para superar los obstáculos técnicos y propiciar un marco legal congruente con las necesidades de cada región y con las leyes nacionales, que permitirán asegurar la descentralización de responsabilidades a los municipios.

Cooperación Internacional

México seguirá expresando, ante diferentes foros ecológicos internacionales, su preocupación y voluntad firme de participar en los programas de escala mundial. Se insistirá en declarar que los países que contribuyan más a la degradación ecológica, tienen una responsabilidad mayor para remediar los daños.

Mediante los convenios y proyectos establecidos con la comunidad internacional, se complementarán los recursos internos. Se buscará la adquisición de conocimientos y de técnicas de otros países, la formación de recursos humanos especializados y la transferencia de experiencias. Se impulsarán proyectos conjuntos entre expertos mexicanos y del extranjero.

4. METAS
La solución a los problemas ecológicos se relaciona estrechamente con una amplia gama de variables de la vida nacional. Las metas del Programa, por tanto, no tienen un carácter exhaustivo, sino que pretenden señalar las tareas prioritarias a desarrollar, así como precisar las bases fundamentales para una gestión ambiental de largo plazo.

Se trabajará en dos vertientes. Por una parte, en las acciones que de forma directa buscan restablecer y conservar el equilibrio ecológico y también en las que inciden en la prevención y control de la infición que afectan la calidad del medio natural; por la otra, en aquellos instrumentos de la administración que de manera indirecta, pero fundamental, atacan las causas de los daños al entorno.

Recursos Naturales, Flora y Fauna

Se consolidará el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, fortaleciendo su infraestructura básica y ampliando la superficie territorial protegida, de manera que se resguarde la mayoría de los ecosistemas representativos del país. Las irregularidades de tenencia de la tierra, en estas áreas, serán corregidas.

En el corto plazo, se establecerá la red nacional de parques, zoológicos, criaderos y jardines botánicos, para sistematizar los trabajos de recuperación y repoblamiento de especies de flora y fauna en peligro de extinción.

Se ampliará la capacidad de vigilancia y control de la flora y fauna en las áreas naturales protegidas, con la participación de las autoridades federales, estatales y municipales. En esta acción, se concertarán los acuerdos necesarios para que las comunidades ubicadas, en las circunscripciones resguardadas, participen de manera organizada. Con los sectores privado y social, se convendrán las modalidades y condiciones para la explotación racional y sostenible de los recursos naturales.

En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se establecerá el control de los procesos de explotación de bosques y selvas, para garantizar la recuperación y reforestación de las zonas sujetas a estas presiones, sancionando a los agentes deteriorantes, proporcionalmente al daño ocasionado.

Mediante programas intersectoriales, se ejecutarán acciones para prevenir y contrarrestar fenómenos de contaminación, incendios, deforestación, erosión y/o desertificación, así como para el mejoramiento de zonas críticas, recuperación de suelos y conservación de áreas tributarias a cuerpos de agua.

Se descentralizará a los gobiernos locales la administración de las áreas ecológicas y parques que estén completamente regularizados y cuenten con los soportes para operarse de forma autofinanciable.

Se actualizará el inventario de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en peligro de extinción, para definir zonas y temporadas de veda, además de los mecanismos coercitivos para evitar y corregir el comercio ilegal.

Con los ayuntamientos y asociaciones sociales y privadas, se desarrollarán programas municipales, para que los principales centros de población cuenten con viveros y, en ciertos casos, criaderos de fauna representativa de la región.

Especial énfasis se pondrá donde se observe mayor rezago socieconómico, estableciendo un operativo estrechamente relacionado con el Programa Nacional de Solidaridad.

Con el mismo propósito, se aumentará el número de centros de promotoría ecológica y unidades de protección y restauración ecológica en zonas altamente deterioradas.

Agua

Se reducirán los niveles de contaminación del agua en las cuencas hidrológicas, mantos acuíferos y puertos industriales y turísticos; en especial, en aquéllas que se encuentran en zonas de influencia de los grandes polos de desarrollo.

Con la participación de los gobiernos estatales correspondientes, se formularán programas integrales de atención para las cuencas del Pánuco, del Balsas, del Blanco, del San Juan y para los lagos de Chapala y Pátzcuaro. Se acelerarán los trabajos del Programa Conjunto de Saneamiento y Ordenación del Aprovechamiento Hidráulico de la cuenca Lerma-Santiago.

Para las otras cuencas, con la clasificación y evaluación del deterioro de los cuerpos de agua se normarán, con parámetros más estrictos, las descargas residuales para salvaguardar la capacidad de asimilación de los cuerpos receptores. Adicionalmente, se establecerán las medidas correctivas de tratamiento para los vertimientos industriales.

Se apoyarán los programas de rehabilitación y establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales de carácter municipal, así como la instalación y ampliación de los sistemas de drenaje y alcantarillado. Para ello se concertarán los proyectos necesarios con los ayuntamientos y con los sectores social y privado, distribuyéndose los costos de las obras.

Se incrementará el número de estaciones de la red de monitoreo de la calidad del agua, se continuará equipando a los laboratorios de análisis y se actualizará el inventario de fuentes contaminantes.

Conjuntamente con los gobiernos locales, y en congruencia con la política de desarrollo urbano, se orientarán los procesos de expansión de los asentamientos humanos, para evitar su ubicación en zonas que entrañen riesgo para las recargas de los recursos acuíferos.

Aire

Se reducirá la emisión de contaminantes atmosféricos, mediante el establecimiento de medidas correctivas y preventivas para las fuentes móviles y fijas. En forma paralela, se desarrollarán programas intensivos de ahorro de energéticos.
Las tres grandes zonas metropolitanas, las ciudades fronterizas y los puertos y corredores industriales contarán con programas específicos para disminuir los niveles de contaminación del aire. En éstos, se incluirán los mecanismos de concertación para que los sectores social y privado participen activamente.
En las zonas críticas del país, se ampliarán y operarán eficientemente los sistemas de transporte colectivo, impulsando en especial el de energía eléctrica.
En el mediano plazo, se disminuirá al mínimo el uso y la producción de las sustancias destructoras de la capa de ozono.
Se acelerarán las acciones para la reubicación de las empresas altamente contaminantes, instaladas en la Zona Metropolitana del Valle de México, en Guadalajara y en Monterrey. No se permitirá la instalación de nuevas empresas que generen contaminación en las zonas críticas. En relación con otros giros industriales, se intensificará la vigilancia y regulación para la incorporación de equipos anticontaminantes.
A fin de reforzar las tareas de prevención y control de la contaminación atmosférica, en los estados y municipios, se fortalecerá la Red Nacional de Monitoreo Atmosférico, ampliando la cobertura de la medición continua en las zonas críticas del país: ZMVM, Guadalajara, Monterrey, Coatzacoalcos-Minatitlán, Tijuana, Ciudad Juárez, Tampico-Madero-Altamira, Tula-Vito-Apasco e Irapuato-Celaya-Salamanca.
Se ampliarán los esfuerzos para fijar las normas técnicas que permitan garantizar la calidad del aire en el resto del país, estableciendo los niveles máximos de emisiones por fuente y por contaminante, así como las medidas de control y abatimiento.
Se concluirá y actualizará el inventario de establecimientos industriales identificados a nivel nacional, así como del parque vehicular en circulación.
Para la prevención y control de las emisiones de humos, de polvos y de gases, se producirán combustibles limpios para su uso en zonas críticas.
Se establecerán los mecanismos necesarios para la aplicación de programas de atención, a contingencias y emergencias ambientales en las zonas críticas.
Desechos y Residuos Sólidos
Se disminuirán los niveles de contaminación del suelo, principalmente en las tres grandes zonas metropolitanas, en los corredores y puertos industriales y en las principales ciudades fronterizas y actividad turística.
En coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se elaborarán programas integrales de control de residuos sólidos, procurando una mayor eficiencia en el sistema terminal; en relación con los residuos sólidos industriales peligrosos, se contará con la infraestructura de confinamiento que garantice plenamente su control. La banca de desarrollo desempeñará un papel determinante en estas acciones.
Se incrementarán las plantas de reciclaje, de tratamiento, de incineración y de confinamiento controlado, conforme a las necesidades de los municipios y de los corredores industriales. Paralelamente, se completará el inventario de residuos industriales, de plaguicidas caducos y de fertilizantes.
Se implantarán procesos menos contaminantes, y viables desde el punto de vista económico, para la instalación de receptores de residuos agroquímicos en las cinco regiones agrícolas más importantes del país. Mediante convenios de concertación con el sector privado y la industria paraestatal, se reducirá la producción y utilización de materiales de lenta degradación, promoviendo adicionalmente la instalación de plantas de reciclaje y centros de acopio, en particular para los plásticos.
A nivel internacional, se suscribirán los acuerdos necesarios para el control de los movimientos transfronterizos de residuos sólidos y su eliminación. Con los Estados Unidos de América, se ampliarán los sistemas locales fronterizos de respuesta conjunta, ante derrames o escapes de sustancias peligrosas.
Ordenamiento Ecológico
El ordenamiento ecológico del territorio es el principal instrumento, para que la planeación del desarrollo nacional contemple de manera adecuada la utilización del suelo y propicie un manejo correcto de los recursos naturales.
Se expedirá el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico, con las normas técnicas y criterios complementarios.

Se definirá la normatividad y los mecanismos para ajustar la política del crecimiento urbano nacional, en términos de la vocación natural del suelo, con atención preponderante a las zonas industriales, las áreas urbanas de crecimiento acelerado y los asentamientos aledaños a cuencas hidrológicas.
Se pondrá especial énfasis, por tanto, en actualizar y ejecutar el proyecto de ordenamiento ecológico general del territorio, así como en los capítulos de ordenación que en lo particular deban adoptarse a nivel de zona ecológica y en los proyectos de desarrollo agrícola, forestal, industrial, urbano, nacional, turístico de generación de energía y en aquéllos que se pretenda instalar en zonas críticas y en ecosistemas frágiles.
Las actividades energéticas, de comunicaciones y transportes, minero-metalúrgicas, agropecuarias, forestales, industriales y turísticas recibirán una atención prioritaria, dado su efecto grave en las alteraciones del equilibrio ecológico.
Con las Secretarías de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias globalizadoras responsables de la asignación de recursos, y de las autorizaciones para la obra pública o privada, se definirán los mecanismos para asegurar que se cumpla la normatividad establecida, así como la asignación de recursos económicos que deban aplicarse a este rubro. Los sectores de la administración pública establecerán las modalidades para realizar sus ordenamientos, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes.

Se consolidará el sistema de información ecológica, como banco de datos sobre el inventario y el estado de los recursos y los ecosistemas con que cuenta el país. Este acervo será un importante apoyo a los sistemas estadísticos nacionales, para que las cifras ahí registradas consideren criterios ecológicos.
Impacto y Riesgo Ambiental
Para asegurar el adecuado cumplimiento de la política ecológica, se consolidará el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, mediante la formulación de guías específicas sectorizadas.

En coordinación con los sectores encargados de la asignación de recursos crediticios para el desarrollo y la autorización de proyectos, se garantizará que no exista actividad u obra pública o privada, que previa a su ejecución, omita la manifestación respectiva.

En apoyo a las metas señaladas, se perfeccionará el Sistema de Información Rápida de Impacto Ambiental, para lo cual, entre otras medidas, se establecerán los mecanismos de intercambio con instituciones de investigación.
Se intensificarán los programas de protección civil y ecológica, para garantizar la salvaguarda de la población, sus bienes y los ecosistemas circundantes de las zonas donde se desarrollan actividades productivas que, por su naturaleza, representen riesgos significantes. La participación coordinada de los sectores público, social y privado es fundamental. Se exigirá a las empresas con tales características, el perfeccionamiento de sus mecanismos de prevención y control de accidentes, así como la delimitación de zonas intermedias de salvaguarda apropiadas.
En las zonas metropolitanas del Valle de México, de Guadalajara y de Monterrey; en Coatzacoalcos-Minatitlán, Tampico-Madero-Altamira, Irapuato-Celaya-Salamanca y las ciudades fronterizas, se identificarán y caracterizarán las zonas de alto riesgo, para el diseño de programas especiales de contingencias.
Se promulgará el reglamento en materia de prevención y control de riesgo ambiental, así como las normas técnicas de seguridad y operación y los criterios ecológicos de riesgo para el manejo, el almacenamiento, el proceso y la distribución de sustancias peligrosas.

Con el propósito de elevar la eficiencia en la evaluación de proyectos de riesgo, se incrementarán los modelos de simulación en el Sistema de Información Rápida de Impacto Ambiental y se actualizará el inventario nacional de fuentes contaminantes y de alto riesgo. Se elaborará la guía metodológica para la formulación de los programas de prevención y control de accidentes en las actividades riesgosas.

  

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